El Pleno del Congreso ha dado el visto bueno definitivo a la Ley del Tercer Sector y a la Ley de Voluntariado, dos proyectos que consolidan el papel del tejido asociativo en España y que garantizarán la labor de los más de seis millones de voluntarios y 30.000 entidades en España.
Las leyes, además, regulan aspectos como el acceso al voluntariado, que se limita para evitar que los condenados por trata de seres humanos, violencia de género, violencia doméstica o terrorismo participen en proyectos, en especial los que tienen como beneficiarios a los menores, a las familias y a las mujeres.
Acceso al voluntariado
Con el nuevo texto, que introduce los 12 años como la edad mínima para ser voluntario, se garantiza la igualdad en el acceso al voluntariado de las personas dependientes en las condiciones acordes a sus circunstancias y determina que no podrá incurrirse en prácticas discriminatorias por identidad y orientación sexual.
Por otro lado, la administración favorecerá a los trabajadores que adapten o reduzcan su jornada para la ejecución de actividades de voluntariado y las empresas y las universidades se convierten en nuevos actores. En el caso de las universidades, la Ley indica que podrán desarrollar fórmulas de reconocimiento académico de dichas acciones de voluntariado. Además, se recoge expresamente quela acción voluntaria nunca podrá ser causa de la extinción de un contrato ni de la disminución de un servicio.
Asimismo, la Ley establece los ámbitos de las actuaciones voluntarias: social, internacional de cooperación al desarrollo, ambiental, cultural, deportivo, de ocio y tiempo libre, comunitario y de protección civil, que es el que se derivaría, por ejemplo, de una emergencia o catástrofe natural. Se añade el voluntariado paralímpico dentro de la categoría deportiva y el de la protección de animales dentro de la ambiental.
Interlocutor en el diseño de políticas sociales
En relación a la nueva Ley del Tercer Sector, el proyecto se sustenta en tres pilares: reforzar la capacidad del Tercer Sector como interlocutor de la Administración General del Estado, definir las medidas para la sostenibilidad de este ámbito y configurar un nuevo marco jurídico.
Este nuevo marco jurídico fortalece el papel de las organizaciones sin ánimo de lucro como interlocutores del Estado en el diseño de las políticas sociales. Este papel del Tercer Sector se canaliza por dos órganos: el Consejo estatal de ONG de acción social y la Comisión para el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector. Esto sin perder de vista que la actividad de una entidad en ningún caso puede diluir la responsabilidad del Estado.
Sobre la sostenibilidad, las entidades disfrutarán de los máximos beneficios fiscales reconocidos con carácter general en el régimen de incentivos y se adecuarán los sistemas de financiación pública manteniendo la estabilidad presupuestaria.
Otra de las mejoras que introduce el proyecto consiste en la clarificación del ratio competencial de la Ley, para lo que se distribuyen con nitidez las competencias entre la administración general del Estado y las comunidades autónomas. En este sentido avanza también la Ley del Voluntariado, pues favorece una adecuada coordinación entre las administraciones estatal, autonómica y local, y de éstas con las propias entidades.
España es el sexto país de la UE en participación de voluntarios habida cuenta del incremento que la implicación social de los ciudadanos ha experimentado durante los últimos años, aumento mayor al registrado por la media europea. Porque España cuenta con alrededor de 6 millones de voluntarios, un 15% de la población, y con unas 30.000 entidades sociales, cuya actividad representa casi un 2% del PIB y da empleo a prácticamente 636.000 personas.
