La Comisión de Economía y Competitividad del Senado ha aprobado por unanimidad el proyecto de ley que reforma el sistema de valoración de daños y perjuicios causados a las víctimas de accidentes de tráfico, cuya compensación aumentará hasta en un 50% en el caso de fallecimiento.
La norma pasó este lunes el trámite parlamentario y entrará en vigor el 1 de enero de 2016,
Según el Ministerio de Justicia, permitirá incrementar la protección a las víctimas de accidentes de circulación mediante la rápida resolución de los conflictos y la garantía de una indemnización suficiente, lo que sitúa a España a la altura de las reformas que en el ámbito comunitario se han emprendido.
Respecto a la media del periodo 2005 a 2011, las indemnizaciones por fallecimiento se incrementan un 50 % de media, las compensaciones por secuela suben un 35 % de media y las indemnizaciones por lesiones lo hacen un 12,8 %.
Con el nuevo modelo, las indemnizaciones se revalorizarán en el mismo porcentaje que lo hagan las pensiones y quede determinado en los presupuestos generales del Estado. Asimismo, para garantizar la rápida resolución de los conflictos y la suficiencia de las indemnizaciones ofrecidas por el asegurador, se le impone a éste la obligación de observar una conducta diligente en la cuantificación del daño en la oferta motivada que debe presentar a los perjudicados y en la liquidación de la indemnización.
Mediación para desacuerdos
En caso de disconformidad con la oferta motivada, las partes podrán intentar resolver de común acuerdo la controversia mediante el procedimiento de mediación. Asimismo, se facilita el intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico en materia de seguridad vial.
Por último, la ley establece la creación de una Comisión de Seguimiento del Sistema de Valoración, de la que formarán parte también las asociaciones de víctimas y las entidades aseguradoras, con el objeto de analizar su puesta en marcha, sus repercusiones jurídicas y económicas y el sistema de actualización.
El sistema también afecta a la sanidad pública, porque las aseguradoras indemnizarán a los servicios públicos de salud de las diferentes comunidades autónomas los gastos derivados de nuevos perjuicios cubiertos, como los importes médicos futuros, ciertos gastos de rehabilitación o necesidades de recambio de prótesis de lesionados graves.